El hijo de Carlos Caballero, un embajador colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, logró que una Corte de Florida le dé acceso a 190 millones de dólares que organizaciones asociadas a la guerrilla hayan guardado en Estados Unidos como resarcimiento por daños.
Cerca de 42 millones de dólares de ese total intentará cobrarlo de una cuenta financiera que Alba Petróleos de El Salvador, filial de PDVSA, tiene en Connecticut, Estados Unidos.
De hecho, un juez de ese estado ya habilitó el trámite, pero abogados salvadoreños y del gobierno de Venezuela intentan evitarlo.
El caso de Antonio Caballero, el hijo del hombre asesinado por las FARC, abrió un camino a una acción judicial que considera a Alba Petróleos de El Salvador (APES) y a su casa matriz, Petróleos de Venezuela (PDVSA), como «agencias o instrumentos de las FARC», de acuerdo con documentos oficiales de la justicia estadounidense, según Infobae.
El 16 de octubre de 2020, Caballero formalizó una acción legal en una corte distrital de Connecticut, un pequeño estado en el noreste de Estados Unidos, para recuperar el dinero.
Basado en un juicio de 2014 que ganó en Florida y le otorgó acceso a los fondos y activos de las FARC y de los instrumentos o agencias de la organización terrorista, el demandante «actuó para asegurar una cuenta financiera administrada en favor de Alba Petróleos de El Salvador SEM de CV por Interactive Brokers, LLC de Greenwich, Connecticut».
Legislación federal estadounidense conocida como Ley de Aseguramiento por Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA por sus siglas en inglés) permite a víctimas de organizaciones terroristas internacionales que obtuvieron fallos favorables en cortes estadounidenses resarcirse con activos de esas organizaciones y sus asociados.
Tras realizar una búsqueda en instancias financieras estadounidenses durante una década y media, los abogados de Caballero encontraron la cuenta financiera de Alba Petróleos en Connecticut en la que hay US$ 41,734,153.93, según documentos judiciales.
En 2020, cuando Caballero emprendió su acción judicial en Connecticut, las FARC aún eran consideradas una organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un año antes, en enero de 2019, el Departamento del Tesoro estableció sanciones contra PDVSA.
Tres meses después, en marzo de ese año, las sanciones se extendieron a las filiales centroamericanas de la estatal venezolana, como Alba Petróleos en El Salvador y Albanisa en Nicaragua.
El fallo a favor de Caballero fue uno de los que abrió las puertas para que el nexo entre las FARC y las operadoras del petróleo venezolano quedará establecido en registros judiciales estadounidenses y a una decena de demandas de resarcimiento similares a partir de 2019.
Caballero es el único que, hasta ahora, encontró activos de Alba Petróleos en Estados Unidos, uno de los conglomerados empresariales y financieros a través de los que la petrolera estatal venezolana y sus socios en Centroamérica movieron al menos 1.000 millones de dólares, según auditorías financieras hechas por fiscales en El Salvador y Estados Unidos, donde fue investigada por lavado de dinero.
En El Salvador, Alba Petróleos fue -además de un poderoso conglomerado financiero- un centro de poder político con lo que estuvieron relacionados los últimos tres gobiernos del país, incluido el actual del presidente Nayib Bukele, cuya carrera política fue financiada en parte con el dinero de PDVSA.
El actual fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, fue empleado de Alba Petróleos en 2019, antes de que los diputados controlados por Bukele en el congreso lo nombraran jefe de la Fiscalía General de la República.
El reclamo judicial que en Estados Unidos relaciona a Alba Petróleos con las FARC hace eco, década y media después, de las primeras informaciones que vincularon, en 2008, a la guerrilla colombiana con el conglomerado salvadoreño a través de José Luis Merino, un ex guerrillero salvadoreño del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) reconvertido en funcionario de Estado y en uno de los operadores políticos y financieros más influyentes de El Salvador a partir de finales de los 2000.
Merino, conocido también como «Comandante Ramiro», forjó buena parte de su poder gracias al control que tenía, a través de Alba Petróleos, de los fondos provenientes de la importación preferencial de petróleo venezolano.
Él, su hermano Sigfredo Merino, un abogado llamado Mauricio Cortez Avelar y un médico de nombre Erick Vega fueron los principales operadores del dinero en El Salvador, el cual sirvió, entre otras cosas, para financiar campañas políticas de candidatos del FMLN, entre ellos la de Nayib Bukele, en 2012 el joven alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño suburbio de San Salvador, la capital.
En 2006, Merino creó Alba Petróleos como una compañía mixta de cuyo 60% era propietaria PDV Caribe S.A., filial de PDVSA, mientras el resto pertenecía a ENEPASA, una asociación pública formada por alcaldes del FMLN.
Durante una década, Alba Petróleos movió cerca de 1.000 millones de dólares a través de los sistemas financieros de El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia y, se sabe ahora, tras la denuncia judicial de Caballero, en Connecticut, Estados Unidos.
Ya antes investigadores detectaron cantidades de fondos no determinadas en Nevada y Miami, pero ese dinero no fue sujeto de reclamos judiciales, según confió una fuente que conoce el caso de Alba Petróleos en Estados Unidos.
Dos años después de la fundación de Alba Petróleos la fiscalía de Colombia inició la primera investigación formal contra José Luis Merino por delitos relacionados con el tráfico de armas y el narcotráfico.
En 2008, el ejército colombiano encontró una laptop en un campamento guerrillero de las FARC, de la que extrajo miles de archivos electrónicos en los que se describían actividades criminales de la organización terrorista.
Ahí aparecía el nombre de José Luis Merino, descrito como un operador involucrado en la compra de armas de guerra para las FARC y como un nexo con los funcionarios del régimen de Hugo Chávez en Venezuela.
Más investigaciones a Merino y Alba Petróleos, primero por la relación con las FARC y luego por crímenes de lavado de dinero, se abrieron en El Salvador y Estados Unidos.
En su país natal, sin embargo, el «Comandante Ramiro» construyó, con el dinero venezolano, una red de protección política que lo mantuvo a salvo hasta ahora.
Gracias al poder político que le dio el dinero venezolano, Merino no solo logró que los últimos cinco fiscales generales de El Salvador pasaran de largo por las investigaciones abiertas a Alba Petróleos, sino además afianzar su poder al interior del FMLN, hasta 2019 la fuerza política más importante de El Salvador, y a partir de 2012 influir en la carrera política de Nayib Bukele, el actual presidente salvadoreño.
Agentes federales de Estados Unidos, en su mayoría de los departamentos de Justicia y el Tesoro, siguen la pista a Merino y al dinero venezolano en El Salvador al menos desde 2015, según un ex diplomático estadounidense que estuvo destacado en Centroamérica y un contratista del gobierno en Washington.
En 2021, Washington incluyó al «Comandante Ramiro» en una lista de actores antidemocráticos y corruptos de Centroamérica, en la que también están, además de media docena de funcionarios del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recién extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, acusada de favorecer a grupos de mafias políticas en su país.
A Carlos Caballero la guerrilla colombiana lo secuestró en febrero de 1999. Seis meses después -y tras someterlo a torturas casi a diario- no solo lo asesinaron de un tiro en la nuca sino que además dejaron el cadáver a la orilla de un camino rural. El hombre tenía 76 años.
Quince años después, en 2014, un tribunal de la Florida, otorgó a Antonio, el hijo del asesinado, derecho a reclamar unos 190 millones de dólares como resarcimiento. Ya un juez de apelaciones de Connecticut dio a los abogados de Alba Petróleos en El Salvador derecho a pelear los 42 millones de dólares.
Viene un camino de apelaciones y contrargumentos para largo. Una cosa es cierta: los investigadores estadounidenses que siguieron la pista a Alba Petróleos saben ya que los salvadoreños ligados a PDVSA, las FARC y al presidente Bukele usaron el sistema financiero estadounidense para mover millones de dólares.
